Desde hace cincuenta años me dedico a la actividad teatral, con eje en la presentación de espectáculos en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y en giras por distintas provincias argentinas. Es una tarea que no solo representa mi vocación y mi medio de vida, sino también una actividad íntimamente ligada al movimiento turístico del país.
Reconozco, desde el inicio, que al abordar este tema conviven en mí dos intereses: el profesional, en tanto el teatro forma parte del atractivo que dinamiza las temporadas de verano, y el personal, como padre que desea la mejor educación posible para sus hijos.
A lo largo de los años, he respondido en innumerables oportunidades sobre la marcha de las temporadas estivales, ese momento del año en el que la masa crítica de turistas crece exponencialmente y sostiene buena parte de la economía regional. Sin embargo, en los últimos tiempos hay un dato objetivo que se impone por encima de cualquier coyuntura: el adelantamiento del inicio de clases en las distintas jurisdicciones del país prácticamente clausura la segunda quincena de febrero como período fuerte de turismo.
Pertenezco a una generación cuyas clases comenzaban el 15 de marzo en la escuela pública. No considero que hayamos recibido una peor educación por ello. Por el contrario, recuerdo que se nos evitaban los días de mayor calor del final del verano y que el calendario escolar permitía ocho meses y medio efectivos de clases, incluyendo el receso invernal, con niveles de concentración que no parecían resentirse.
Más allá de toda mirada nostálgica, lo concreto es que el corrimiento del calendario tiene consecuencias económicas directas. La finalización anticipada de la temporada implica la cancelación temprana de decenas de miles de contratos laborales vinculados al turismo en el país: hotelería, gastronomía, comercio, transporte y, por supuesto, espectáculos. Se trata de trabajadores y el impacto en sus economías hogareñas producido por ese recorte de semanas en sus respectivas actividades.
Resulta paradójico que, al mismo tiempo, se impulsen políticas para fomentar el consumo y el turismo mediante la creación de fines de semana largos. En términos prácticos, la segunda quincena de febrero —tal como viene sucediendo— equivale a resignar el impacto económico de cinco fines de semana largos consecutivos.
Desconozco si el adelantamiento del ciclo lectivo ha generado mejoras comprobables en la calidad educativa. Ese es un debate técnico que excede mi competencia. Pero sí estoy convencido de que la educación de nuestros hijos no se sostiene únicamente dentro del aula. Una economía familiar más sólida, menos tensionada por la estacionalidad y la incertidumbre laboral, también contribuye a crear un entorno propicio para el aprendizaje.
Tal vez sea momento de revisar, sin prejuicios y con datos objetivos, si el equilibrio actual entre calendario escolar y actividad económica es el más adecuado. Porque, en definitiva, educación y trabajo no deberían plantearse como intereses contrapuestos, sino como partes complementarias de un mismo proyecto de país.